La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia internacional establecido en 2002 bajo el Estatuto de Roma, con el objetivo de investigar y juzgar crímenes graves de relevancia internacional como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. A diferencia de otros tribunales internacionales, la CPI actúa únicamente cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no quieren procesar estos crímenes.
En el contexto colombiano, la CPI ha mostrado interés en las investigaciones relacionadas con los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, incluidos aquellos donde se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Militares, incluyendo casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Aunque Colombia cuenta con un sistema de justicia propio, la CPI puede intervenir si considera que no se está garantizando justicia de manera efectiva.
Actualmente, los militares que han sido llamados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pueden estar sujetos al escrutinio de la CPI. Si bien la JEP busca establecer la verdad y administrar justicia en contexto transicional, la CPI actúa como una especie de “seguro internacional” en caso de que no se cumplan estos objetivos a nivel nacional.
La CPI y el respeto al debido proceso
Es importante resaltar que la CPI no actúa de manera automática. Solo interviene cuando se han agotado las instancias nacionales o cuando se demuestre que no hay voluntad política o capacidad para investigar y juzgar de manera imparcial. Por lo tanto, los militares colombianos, como cualquier otro ciudadano, tienen el derecho a un debido proceso tanto en el ámbito nacional como internacional.
La Corporación Defensoría Militar trabaja para garantizar que los derechos de los militares sean respetados en todos los escenarios, tanto nacionales como internacionales, velando porque se preserve el debido proceso y sus garantias judiciales.
