Durante la audiencia pública en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, la Corporación Defensoría Militar (CODEM) presentó un análisis crítico del Proyecto de Ley 167 de 2024, que busca establecer amnistías e indultos para actos relacionados con la protesta social. La intervención destacó serias preocupaciones sobre los vacíos legales, el impacto de la violencia en las manifestaciones y los riesgos de perpetuar la impunidad en el país.
La Corporación Defensoria Militar advirtió que el proyecto carece de definiciones claras sobre los delitos considerados «conexos» a los políticos, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias que podrían desvirtuar su propósito. Además, el artículo 5 del proyecto plantea la posibilidad de recalificar conductas ya juzgadas, lo cual pone en riesgo la seguridad jurídica y la independencia judicial. La ambigüedad también se extiende a las figuras de amnistía e indulto, permitiendo que una misma persona solicite ambos beneficios sin restricciones claras, lo que genera dudas sobre su correcta aplicación.
La intervención también destacó cifras alarmantes relacionadas con el impacto de la protesta social violenta, particularmente durante el paro nacional de 2021. Más de 12.000 eventos de protesta dejaron un 11% de ellos marcados por violencia, afectando gravemente infraestructura pública y privada, incluyendo 679 bienes policiales y sistemas de transporte como Transmilenio, que sufrió pérdidas superiores a 17.600 millones de pesos entre 2020 y 2023. En este periodo, 1.253 policías resultaron heridos y 2 fallecieron en cumplimiento de su deber, mostrando el alto costo humano y social de las manifestaciones violentas.
Aunque el proyecto excluye delitos graves como los de lesa humanidad y genocidio, no contempla otros como homicidio, feminicidio, secuestro extorsivo y terrorismo, lo que podría debilitar la confianza en el sistema de justicia. En este contexto, la CODEM cuestionó al Congreso sobre el destino de los derechos de las víctimas y la necesidad de evitar que este proyecto perpetúe la impunidad de delitos graves.
La Corporación reiteró la importancia de garantizar el derecho a la protesta social como herramienta fundamental de la democracia, pero enfatizó que debe ejercerse de manera pacífica. Finalmente, llamó al Congreso a encontrar un equilibrio que proteja los derechos de las víctimas, salvaguarde el Estado de Derecho y prevenga abusos en el uso de amnistías e indultos, asegurando así justicia y reconciliación social para el país.