En el marco de las garantías judiciales que protegen a los miembros de las Fuerzas Militares, el Principio de Legalidad se erige como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Este principio, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, establece que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”. En otras palabras, ningún ciudadano incluyendo a los militares, puede ser sancionado o juzgado por conductas que no estén claramente definidas como punibles en la ley al momento de su comisión.
¿Qué implica el Principio de Legalidad?
El Principio de Legalidad tiene varias dimensiones que son esenciales para garantizar un debido proceso y la protección de los derechos de los militares:
Definición clara de las conductas punibles: La ley debe establecer de manera precisa y concreta cuáles son las conductas que se consideran delitos. Esto evita que los militares sean sancionados por acciones que no están claramente tipificadas como ilícitas.
Sanciones preestablecidas: Las penas o sanciones aplicables a cada delito deben estar definidas de antemano. Esto significa que no se puede imponer una sanción más grave que la prevista en la ley al momento de cometerse el acto.
Autoridades competentes: Solo las autoridades designadas por la ley pueden investigar y juzgar a los militares. Esto garantiza que el proceso se lleve a cabo por quienes tienen la facultad legal para hacerlo.
Procedimientos establecidos: El proceso judicial debe seguir las reglas y formas propias de cada juicio, asegurando que se respeten los derechos de los acusados.
El Principio de Legalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos también reconoce el Principio de Legalidad. Según el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no fueran delictivas al momento de cometerse. Además, si después de cometido el delito se establece una pena más leve, el acusado se beneficiará de esta disposición.
Este principio no solo se aplica a los aspectos sustantivos del derecho penal, sino también a los procedimientos. Es decir, las autoridades deben actuar dentro de los límites que la ley les impone, y no pueden crear nuevas etapas procesales o procedimientos que no estén previamente establecidos.
¿Por qué es importante el Principio de Legalidad para los militares?
Para los miembros de las Fuerzas Militares, el Principio de Legalidad es una garantía de seguridad jurídica. Les asegura que no serán juzgados ni sancionados de manera arbitraria, y que cualquier proceso en su contra se llevará a cabo conforme a las leyes vigentes al momento de los hechos. Además, este principio refuerza la idea de que las autoridades deben actuar dentro de los límites que la ley les impone, evitando abusos de poder.
Para la Corporación Defensoría Militar, es prioritario velar por el respeto de este principio en todos los procesos que involucren a los miembros de las Fuerzas Militares, asegurando que sus derechos sean protegidos y que la justicia se administre de manera justa y equitativa.
