La Corporación subrayó la insuficiencia de las políticas de erradicación manual, que en 2023 alcanzaron el punto más bajo en 18 años con solo 20,323 hectáreas erradicadas. Este retroceso, combinado con la estrategia gubernamental de “paz total” que involucra a narcotraficantes como gestores de paz, ha dejado una sensación de desprotección y falta de justicia entre la población.
En una intervención durante el 76º período de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Corporación Defensoría Militar, organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos de los militares activos y retirados en Colombia, denunció la alarmante expansión de los cultivos ilícitos y su impacto devastador en el país.
La entidad, reconocida por su trabajo en la observancia de garantías judiciales y en la evaluación de procesos de justicia en el marco del conflicto armado, destacó que en 2023 Colombia alcanzó cifras históricas con 253,000 hectáreas de cultivos de coca. Este incremento no solo posiciona al narcotráfico como el mayor producto de exportación del país, superando al petróleo, sino que refuerza las finanzas de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y el ELN, perpetuando la violencia y afectando gravemente a la población civil y militar.
“La relación intrínseca entre el narcotráfico, los cultivos ilícitos y el conflicto armado sigue siendo el eje de las dinámicas de violencia en Colombia. Nuestra misión como organización es garantizar que los derechos de quienes protegen la democracia sean respetados y que los procesos de justicia no sean instrumentalizados por los actores ilegales”, señaló la Corporación.
La intervención también resaltó el impacto humanitario de esta problemática: 12,499 víctimas de minas antipersonales hasta la fecha, 55% de los municipios con cultivos ilícitos reportando asesinatos de líderes sociales, y un control territorial cada vez mayor por parte de grupos criminales que operan con total impunidad.
Desde su observatorio de investigación, ODICPRO, la Corporación subrayó la insuficiencia de las políticas de erradicación manual, que en 2023 alcanzaron el punto más bajo en 18 años con solo 20,323 hectáreas erradicadas. Este retroceso, combinado con la estrategia gubernamental de “paz total” que involucra a narcotraficantes como gestores de paz, ha dejado una sensación de desprotección y falta de justicia entre la población.
“Es imperativo que la comunidad internacional ejerza presión para que los esfuerzos contra el narcotráfico sean efectivos y respetuosos de los derechos humanos. Colombia enfrenta no solo un problema interno, sino una amenaza global que afecta al hemisferio entero”, concluyó el pronunciamiento.
Como defensores de derechos humanos y la justicia para los miembros de las Fuerzas Militares, la Corporación reiteró su compromiso de seguir abogando por una paz sostenible que no sacrifique los principios de justicia ni las garantías de quienes han luchado por la seguridad y estabilidad del país.
